Rafael Benítez

¿Seguridad ciudadana o ley mordaza?

A finales de la década de los años 90, un grupo de latinoamericanos fuimos seleccionados para conocer la organización judicial y el sistema político español, por ser un modelo para los países americanos, especialmente del centro y sur del continente. Los más grandes expositores del derecho constitucional, entre ellos varios académicos miembros del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, fueron los maestros de aquella interesante experiencia.

Algunos de los que asistimos a esas pasantías, entre universidades e instituciones españolas éramos testigos de lo que el pueblo español había construido con tanto esfuerzo y sacrificio. Venir a España era una experiencia enriquecedora y de lo mejor que le podía pasar a un profesional de aquella época. El prestigio y el ejemplo de democracia eran, en aquellos tiempos, un motivo más para conocer la institucionalidad del país. Con luces y sombras España se constituía en un referente para cualquier estudioso del Derecho. Y lo sigue siendo; pero la crisis económica, política y moral la ha sumido en un bache tan profundo que ha lesionado y golpeado lo más sensible de la democracia: su libertad e igualdad. Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, conocida como “ley mordaza”, la democracia española que concibe la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, nos recuerda -con algunos matices, claro- las “democracias” latinoamericanas bajo aquella doctrina de la seguridad nacional en tiempos de la guerra fría.

 

En aquella Latinoamérica se cometieron muchos abusos bajo la defensa de la democracia y la libertad. Y para esto el estado de legalidad, que no es lo mismo que Estado de Derecho, estaba dispuesto a crear todo un sistema jurídico y político encaminado a soportar esa guerra contra todo sospechoso. A todo aquél que se oponía “al régimen” se le denominaba comunista, bolchevique, subversivo, hordas rojas, quinta columna, bochincheros, malacates, y eran perseguidos. Era –parafraseando a los analistas políticos- un verdadero estado  policial.

«Una Ley de seguridad y protección ciudadana es necesaria y no debería de preocupar, sino más bien, transmitir tranquilidad a los ciudadanos»

La democracia española ha ido perdiendo calidad y riqueza. Con “fachada democrática” los gobiernos han adoptado medidas para afrontar la crisis, atentando contra los principios que la sustentan. Es un contrasentido. También han intentado desvalorizar el concepto democrático reduciéndolo al de mayorías absolutas. Una de las primeras cosas que aprendimos aquel grupo de profesionales que vinimos a estudiar a España fue precisamente que no se puede reducir el sistema democrático al principio de las mayorías (aunque es un elemento clave, pero no absoluto); eso convierte a la democracia en la tiranía de las mayorías. Es como crear un sistema Demo-dictatorial. Lo que aprendimos y seguimos aprendiendo es que la Democracia es más que un simple alzamiento de manos en un parlamento, o mejor dicho, tocar el botón correcto en la votación. El ejercicio de las libertades públicas y privadas, el consenso, el derecho de las minorías, el sometimiento del ejercicio del poder al Derecho, la responsabilidad política, los límites al ejercicio del poder -en el que el poder no es absoluto por muchas mayorías representadas-, la libre expresión, manifestación y reunión, la participación, son algunos elementos que forman parte de la Democracia y de sus libertades públicas. Parece que algunos que ejercen el poder, no sólo político sino económico, adoptan de la democracia lo que les interesa y denostan lo que no les conviene. Se cambian las reglas a mitad del juego y conforme conviene.

 

La democracia conlleva unas formas de acceder y ejercer el poder, que tampoco se deben reducir al argumento de la legalidad.  Por suerte, la ciudadanía, la más afectada por la devaluación de la democracia y que al mismo tiempo es la base de su razón de ser, ha actuado y se ha movido para defender algo que es de todos: salud, educación, vivienda, trabajo, y sobretodo dignidad. Esa ciudadanía de a pie, y a la que los políticos se deben, es atacada ahora con esta nueva Ley Orgánica, amordazando su voz e intentando detener el paso de sus pies cansados de tanto exigir. Si la democracia se salva en España no será precisamente por los políticos de mayorías absolutas distantes del diálogo y el consenso, sino por la ciudadanía, y precisando, la ciudadanía no silenciosa. A las mareas verdes (comunidad educativa, alumnos y profesores), blancas (comunidad médica y pacientes), “yayoflautas”, pensionistas, preferentistas, estafados, desahuciados (con imágenes verdaderamente penosas de cómo actúa de violenta la autoridad frente a la gente pobre indefensa), desempleados, discapacitados, los cabreados por la crisis, ciudadanos que se oponen a proyectos especulativos en los pueblos y en los barrios, manifestaciones espontáneas, organizadas, y un largo etcétera; a esas voces va dirigida la Ley Orgánica. Es decir, a las víctimas de la crisis.

 

La Ley  Orgánica de protección de la seguridad ciudadana es una reforma de la Ley  de 1992. En su preámbulo se argumenta, entre otros motivos, que se responde a las demandas sociales de seguridad –que curiosamente no ha sido motivo de queja por la ciudadanía-. No ha habido manifestaciones, ni mareas, ni firmas, ni clamor social para solicitar reformar la Ley de 1992. En cambio, los políticos de mayorías absolutas no hicieron caso a las miles y miles de firmas que se presentaron para reformar la dación en pago. En realidad, bajo la excusa de demandas sociales se esconde aquello que les incomoda o les afecta: las manifestaciones, los escraches, las huelgas y todo lo mencionado anteriormente.

«La democracia española ha ido perdiendo calidad y riqueza. Los gobiernos han adoptado medidas, atentando contra los principios que la sustentan»

Habla la Ley de situaciones de emergencia, peligrosidad, medidas extraordinarias, dejando en manos de la “autoridad competente” (ministro del interior, secretarios de estado, delegados del gobierno, alcaldes, policías o cuerpos de seguridad) la sanción de los hechos. Obviamente, las autoridades políticas en la toma de decisiones sancionadoras recurrirán a la información aportada por los cuerpos de seguridad, dejando en manos de estos últimos la veracidad de los hechos, creando indefensión para el ciudadano.

 

Una Ley de seguridad y protección ciudadana es necesaria y no debería de preocupar, sino más bien, transmitir tranquilidad a los ciudadanos. En general, la Ley recogía desde 1992 aspectos importantes de protección ciudadana pero la reforma hecha preocupa, desde el punto de vista democrático, por su procedimiento de creación, por los cambios incorporados y su aplicación. Y las críticas que se le están haciendo no son gratuitas. Basta con leer el preámbulo y el régimen sancionador para inquietarnos a todos. Sinceramente, me asusta; me recuerda –con matices- a la actuación de los gobiernos en los años conflictivos de aquella América Latina que buscaba el cambio hacia una verdadera democracia.